En México y Guatemala, la producción de energía afecta a los pueblos a través de privatizaciones, despojo de bienes naturales e imposiciones violentas para satisfacer una creciente demanda industrial. Frente a megaproyectos que amenazan sus territorios y formas de vida, comunidades rurales y urbanas hicieron la apuesta de producir su propia energía eléctrica.
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