En Argentina a pesar de la importancia de la actividad agrícola y de ser un país que lidera el uso de plaguicidas, no existen relevamientos epidemiológicos oficiales de su impacto en las poblaciones. Tampoco están actualizadas las regulaciones sobre su presencia en agua de consumo. No hay datos oficiales de las cantidades que se utilizan ni disposiciones uniformes para las distancias a las fumigaciones.